3 leyes mexicanas que promueven el desarrollo sostenible.

Existe la creencia que para cambiar actitudes y fomentar comportamientos, las acciones se tienen que regular. A través de la creación de estándares y guías, las autoridades pueden determinar qué es lo “adecuado” o lo “correcto” dentro de ciertos contextos. De manera que cuando estas sean incumplidas o violadas, se establezca un tipo de penalización.

En la casa son reglas, en las empresas son estándares como ISO o LEED, y en los países estas guías se construyen como leyes o normas.

En materia legislativa muchos países nos llevan delantera para tratar de poner orden y bienestar en su población. Pero en temas como sostenibilidad, que se trata de un proceso de mejora continua, resulta complicado establecer un estándar que autorice todo el deber ser de la situación en ese tema. Muchos países han optado por controlar los mercados, poner restricciones de uso, etc. Y en este tema México, con todo y sus áreas de oportunidad, ha avanzado mucho en este aspecto y actualmente cuenta con varias normas y leyes que fomentan una participación activa en el desarrollo sostenible del país.

A continuación te presentamos 3 principales.

1. La NOM-161-SEMARNAT-2011

O en otras palabras: la Norma Oficial Mexicana que establece los criterios para clasificar los Residuos de Manejo Especial. Esta ley promueve la sostenibilidad no solo porque procura un manejo adecuado de los residuos que presentan un alto potencial de contaminación al medio ambiente, sino porque además contempla las distintas rutas de acción y soluciones que se pueden plantear para ser más estratégicos.

Por ejemplo, dentro de la Norma se establece que los generadores deberán realizar un estudio a cada residuo, que contemple:

• Los problemas ambientales asociados al residuo y que a través del manejo específico y coordinado con los diversos sectores involucrados, se minimicen dichos problemas.
• Las opciones técnicas, financieras y sociales disponibles para mejorar el manejo, basado en esquemas de minimización, reutilización, reciclaje y/o valorización del residuo.
• La factibilidad técnica, ambiental, social y económica para mejorar su manejo o facilitar su aprovechamiento.

Es decir que no solo piensa en el beneficio ambiental de hacer la gestión de residuos de manera adecuada, sino que contempla además la variable técnica, social e económica para evaluar una factibilidad que no solo asegure minimizar el impacto, sino otorgar una sostenibilidad a largo plazo.

2. Ley General para la Prevención y Gestión General de los Residuos

Esta podrá sonar muy similar a la anterior, pero se distingue en varias cosas. En primera, es una Ley, por lo que a nivel constitucional representa otro tipo de ejercicio. Pero en segunda, y más importante, es la palabra clave en su título, que además le agrega el valor para tenerlo en esta lista: “Prevención”.
Este término refiere a las actividades que promueve la Ley como proactivas, en lugar de reactivas. Es decir, no solo hay que responsabilizarse por los residuos que ya generaste y gestionarlos adecuadamente, ¡sino aparte también puedes prevenir que existan!
La misma ley dice que su disposición es de orden público e interés social por el simple hecho de garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable. De esta manera aplica los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. Tal como la Norma pasada lo promueve.
Además forja a los estados federales a promover la educación y capacitación continua de personas u organizaciones con el objetivo de contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente. Estas acciones, nuevamente preventivas, contribuyen a la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo del país.

3. Ley General de Cambio Climático

Esta ley, al igual que la pasada, busca garantizar el derecho a un ambiente sano. Sus estrategias son igualmente preventivas y correctivas, pues pretende reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y su población a los impactos adversos del cambio climático y sus consecuencias.

En hacerlo no solo plantea restricciones con respecto a límites de emisiones de gases de efecto invernadero y uso de recursos naturales, sino además promueve actividades que incentivan una transición a la sostenibilidad. Algunas de estas son:

• Fomentar la investigación científica y tecnológica en equipos y procesos que contribuyan a la mitigación del cambio climático: El factor académico siempre será importante para aspectos de innovación y adecuación de circunstancias. Es ir un paso adelante.
• Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación del cambio climático: en todas las actividades de sostenibilidad es clave involucrar a los grupos de interés, y en este caso a los ciudadanos que se ven afectados y forman parte de los impactos.
• Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono: este factor es clave para asegurar el éxito de iniciativas como esta, pues se genera un ambiente de mejora continua y eficiencia, lo que a la larga da beneficios en las variables económicas, ambientales y sociales.

Un gran reto

Como se vio, existe un marco legislativo fuerte que promueve la sostenibilidad en nuestro país. Las regulaciones y normas ambientales están a la altura de dictámenes internacionales y prevén el salvaguardar los recursos valiosos con los que cuenta México. Sin embargo también sabemos que el ejercicio de las mismas leyes es muy distinto en la práctica, y que esto genera retos al tratar de satisfacer el bienestar de la población.

Pero al mismo tiempo es responsabilidad de cualquier ciudadano conocer y hacer valer la ley, participando activamente y promoviendo el bien común. Como bien lo establecen estos ejemplos, la sostenibilidad se satisface involucrando a todas las partes de todas las etapas de un proceso, y velando por la mejor opción. Así que solo queda aprovechar este marco para generar grandes cambios en nuestro país.